Con mucho interés se siguió la disertación que la funcionaria de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig), María Eloísa Quintero, brindó este jueves en la sede Paraná de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos. “Fue una reunión muy positiva”, valoró la entrerriana radicada desde hace algunos años en ese país.
María Eloísa Quintero es jefa del Departamento de Investigación y Litigio de la Cicig y fue invitada a disertar en el marco del Observatorio de Independencia Judicial para contar su experiencia a nivel internacional sobre el rol de los actores judiciales en la investigación y juzgamiento de delitos de corrupción.
“Fue una reunión muy positiva, más allá del encuentro con todos los colegas que hace mucho no tenía oportunidad de conversar”, dijo al inicio de la entrevista y detalló que conversaron sobre “la experiencia de la Cicig, sobre cómo nace esta misión de la ONU como lucha contra los fenómenos de la corrupción de manera macrocriminal y una reflexión sobre el costo que tiene para los operadores de la justicia, los fiscales, los magistrados, los defensores de derechos humanos el encarar proyectos de esta envergadura, puesto que están tocando sectores muy particulares de la sociedad cuando están relacionados con la corrupción”.
Luego precisó: “Les compartí cómo surgió la Cicig en Guatemala, que fue por un acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el gobierno de ese país en 2007 por las necesidades que trataba de cubrir en ese momento que era el fortalecimiento de las instituciones que estaban muy permeadas por distintos intereses y sectores vinculados con hechos delictivos”. A ello agregó que se apuntaba también al “fortalecimiento de las políticas públicas, las reformas procesales y constitucionales, y todas las reformas legislativas necesarias para fortalecer las instituciones”.
“A raíz de esta facultad de investigación que tiene la Cicig conversamos sobre cómo se da la interacción entre esa entidad y las instituciones que están apoyando la lucha contra la corrupción. Hice referencia a todo este proyecto y remarqué la importancia de trabajar en una coordinación muy clara y con el apoyo entre instituciones”, continuó diciendo Quintero que, antes de ser funcionaria de la Cicig se desempeñó como consultora de ese organismo.
Trabajo conjunto
En lo que respecta al trabajo, mencionó que “en el caso de Guatemala está la Cicig que, como misión de la ONU, trabaja en coordinación con la Fiscalía que allá se llama Ministerio Público y es el que lleva la acción penal luego de realizadas todas las investigaciones de macrocriminalidad relacionadas con el objetivo del mandato que tiene que ver con estructuras organizadas de poder. Una vez realizada las investigaciones se coordina con una fiscalía especial contra la impunidad y es la que lleva adelante los procesos que son acompañados también por la Cicig como querellante”.
“Hablamos también de la importancia de tener el respaldo de otras instituciones porque el combate al fenómeno de la corrupción no se puede hacer de manera sectorizada. Allá trabaja la Cicig, el Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos -que es un ente autónomo- la sociedad civil -que es un sector muy importante que se vinculada, participa, tiene voz en todos los procesos de lucha contra la corrupción, y está conformado por personas de distintos ámbitos-, los organismos internacionales -como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros- los países donantes, los medios de comunicación y el Poder Judicial que tiene un rol protagónico sobre todo la Corte de Constitucionalidad que en Argentina no existe”.
Sostuvo luego que “estos actores se van coordinando y apoyando en todas las estrategias del combate a la corrupción. Esas estrategias tienen que ver no solamente con la investigación y el llevar adelante procesos penales, sino también con la revisión de políticas públicas, de reformas legislativas, de acciones en particular. Son muchas aristas que se pueden trabajar siempre y cuando estén todos los actores unidos con ese fin”.
La charla de la disertante giró también en torno a los proyectos de investigación y las causas que se judicializan. “Remarqué la importancia de tener líneas o temáticas de investigaciones claras, como por ejemplo corrupciones administrativa, en el sistema de construcción, en el ámbito de la salud, en el ámbito de lo vinculado a caminos y las concesiones respectivas, en el ámbito militar, en el ámbito de los delitos económicos y el lavado de dinero. Van saliendo distintas líneas de trabajo de investigación que tienen que guardar una combinación de la mano de un litigio estratégico, es decir que la presentación de casos tiene que estar respaldada por todo un concepto de qué es lo que se busca investigar y al mismo tiempo visibilizar, demostrar a través de cada uno de los casos que pueden dar un mensaje muy claro de qué es lo que se está haciendo, qué es lo que no se debe hacer y cómo se pueden llegar a prevenir ciertos ilícitos”, precisó Quintero.
Agregó luego que “en ese marco han salido últimamente nuevas líneas de trabajo como por ejemplo el financiamiento electoral ilícito. Después de trabajar muchos años en la investigación de la corrupción se llega también a los últimos escalones de los delitos que siempre vinculan con apoyos a partidos políticos en épocas previas a la campaña y durante ellas”.
“En Guatemala existe dos interesantes instituciones: el sistema integrado de justicia, que es de composición híbrida en el cual participan el Poder Judicial y otras entidades como las universidades, que colaboran a los efectos de trabajar proyectos para poder tener análisis cuantitativos y cualitativos de lo que está pasando con el sistema de justicia porque si uno encara una lucha contra la corrupción también tiene que hacer un sondeo de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, donde se van deteniendo los procesos, cuáles con las causas, qué estamos haciendo con el tema de la reparación, etc”, contó.
La otra institución a la que refirió fue “el observatorio judicial que también está conformado por varias instituciones, entre ellas el Poder Judicial y otras que aportan al trabajo de monitoreo o el estudio de temáticas específicas que se requieren cuando uno está encarando un proyecto de lucha contra la corrupción”. Mencionó que allí están presentes los medios de comunicación, que a su criterio son de vital importancia “para que toda la sociedad esté entendiendo lo que está pasando, de qué se trata el proceso, qué es lo que se investiga, cuáles son las pruebas, con un detalle muy minucioso”.
“Se habló mucho del rol de los medios de comunicación porque toda la gran lucha que se hace con las limitantes específicas en Guatemala, es gracias al gran acompañamiento que hay por parte de la sociedad y de ellos. Para que ambos cumplan con su función es responsabilidad de la Fiscalía y la Cicig mostrar y hacer presentaciones públicas de los casos. Se brindan detalles del caso, de las pruebas, fotos de los cheques, fotos de los informes financieros, etc, porque es una responsabilidad acercar la verdad para que después sociedad y medios de comunicación puedan hacer un seguimiento y eso le da transparencia y legitimidad a lo que se está judicializando. La participación de los medios de comunicación significó un gran contralor y un impulsor porque cuando los casos se detienen ellos van haciendo sus reportes”.
Finalmente, Quintero indicó que existe persecución en Guatemala hacia funcionarios púbicos y de la ONU. “Quieren tratar de levantar la inmunidad, negar las visas para poder estar ahí y trabajar en estos proyectos. Hay mucha persecución para los ministerios púbicos, contra algunos jueces que se mantienen sólidos en su postura, pero es en ese momento que los lazos que se mantienen con otras instituciones, con organismos internacionales y los países donantes, sirven como una forma de protección”.
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