El 8 de marzo es el día en que el mundo entero conmemora la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento de sus derechos y las posibilidades reales de ejercerlos.
Desde la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos entendemos que para la construcción de una sociedad verdaderamente plural, libre y democrática:
• Resulta indispensable que la participación de las mujeres y otras identidades de género se cumpla en verdaderas condiciones de igualdad con los hombres en todos los ámbitos de la vida y en todas las esferas de decisión.
• Es imperioso luchar para la erradicación de los diferentes tipos de discriminación que mujeres y otros colectivos vulnerables enfrentan en los distintos espacios en que pretenden ejercer sus derechos (familiar, educativo, social, laboral, político, económico, cultural, mediático, etc.).
• Desde el Estado se deben articular todos los recursos y medios que sean necesarios en pos de que la lucha para eliminar el creciente flagelo de la violencia contra las mujeres y otros grupos discriminados en función del género, pueda ser realmente efectivo.
• Ninguna política de Estado que pretenda cumplir el mandato constitucional de la igualdad real puede ser efectiva si no es diseñada en forma integral, respaldada con recursos públicos suficientes y articulada entre los tres poderes del Estado.
• Para garantizar un servicio de justicia que tutele en forma efectiva los derechos de las mujeres y de los demás colectivos discriminados o excluidos en función de su género, resulta fundamental que los actos de violencia y otras formas de discriminación se prevengan, investiguen, sancionen y reparen en forma pronta y adecuada.
• El servicio de justicia que queremos brindar exige de la dotación de organismos suficientes en número y especializados en la materia para poder hacer frente a la cada vez más compleja y creciente problemática de violencia de género que enfrentamos; reclama procedimientos claros y adecuados a la naturaleza de los derechos en juego que, sin recursos y medios suficientes, reiteramos, no es posible llevar adelante.
• Es imprescindible continuar el camino emprendido en pos de una capacitación profunda y permanente en perspectiva de género de todas las personas que formamos parte del Poder Judicial de nuestra provincia, en todas las instancias, funciones y niveles.
• La visibilización y combate contra los estereotipos y roles de género que nos atraviesan a todas las personas es también clave en la búsqueda de una sociedad más justa y libre de violencia.
• Para dar un adecuado tratamiento y protección a las víctimas de violencia y otras formas de discriminación en función del género, es necesario poder visibilizar las las diversas condiciones y factores que afectan a las personas y que, interrelacionadas profundizan su situación de vulnerabilidad: pobreza, edad, condición social, etnia, nacionalidad, enfermedad, discapacidad.
• Un poder judicial verdaderamente representativo y plural exige la presencia y participación de las mujeres en todas las instancias y espacios del sistema, garantizando la paridad de género y en los niveles más altos de decisión, en los cuales la presencia de aquéllas es manifiestamente insuficiente.
Celebramos el dictado de la Ley Micaela y de la Ley de Paridad de Género.
Ratificamos nuestro compromiso por trabajar para lograr una sociedad verdaderamente igualitaria e inclusiva y por brindar un servicio de justicia efectivo para todas las víctimas de violencia de género.