La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) hizo público su “rechazo al proyecto legislativo de modificación del régimen jubilatorio presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, que atenta contra la independencia judicial y otras garantías constitucionales, y que ha sido elaborado sin considerar la realidad de los poderes judiciales provinciales y sin la participación de esta institución, única legitimada para representar los intereses de los más de 15.700 funcionarias/os y magistradas/os que la componen”.
En la declaración, aprobada este jueves en 115° Asamblea Extraordinaria de la Junta de Gobierno de la FAM que se realiza en la ciudad de Corrientes, indicó además que “el proyecto en discusión agrava la ya acuciante situación de asimetría salarial entre las/os magistradas/os y funcionarias/os de los poderes judiciales provinciales y de CABA, que atienden el 85 % de las causas judiciales del país, cuyos sueldos y jubilaciones no son de privilegio y no se parecen en nada a lo que se expone a la opinión pública como los ingresos de “la justicia”.
“Esta iniciativa presenta además una mirada sesgada que desconoce que las magistradas y funcionarias, como el resto de las mujeres, se han visto sometidas a innumerables restricciones en sus carreras profesionales. Este proyecto pretende eliminar la única compensación estructural a esa discriminación al subir la edad jubilatoria de este colectivo a los 65 años, a diferencia del resto de las mujeres de nuestro país”, señaló.
También expresó: “Quienes trabajamos todos los días en los tribunales provinciales somos conscientes de la realidad económica del país. La vocación por la función pública se asienta sobre el compromiso de mejorar la vida y el bienestar de las sociedades en las que vivimos, por esa razón estamos siempre dispuestas/os a participar en todas las discusiones orientadas a esos objetivos. Este proyecto no mejora las condiciones de vida de nuestros conciudadanas/os ni resuelve los problemas que denuncia”.
“Hacemos un llamado público a los tres poderes del Estado a trabajar en la construcción de respuestas adecuadas y basadas en las realidades de todo el país que contribuyan a una salida rápida y definitiva de la grave situación económica que nos afecta a las/os argentinas/os”, concluyó la Junta de Gobierno de la FAM, cuya vicepresidencia 2º está a cargo de la titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos, Gabriela López Arango.