A raíz de la polémica y las movilizaciones que se están gestando por el otorgamiento de la prisión domiciliaria a los hermanos Brian y Alexis Siboldi, la presidente de la Asociación de la Magistratura y de la Función Judicial de Entre Ríos, Gabriela López Arango, recordó que “uno de los principios fundantes de cualquier Estado democrático son la igualdad ante la Ley y el principio de inocencia. Todos los ciudadanos tenemos que hacernos cargo del respeto a los mismos, seamos o no funcionarios, mujeres u hombres de derecho, aunque es para todos, a éstos últimos es a quienes se le debe exigir mayor responsabilidad y mesura, para no fomentar malentendidos ni situaciones de preocupación, que lejos de aportar soluciones, atentan contra la seguridad, la tolerancia, la paz y la cohesión social”.
En ese sentido, López Arango, reiteró que hasta tanto se sustancie el juicio, el que se llevará a cabo el próximo 11 de noviembre, “la jueza dispuso el arresto domiciliario que ya venía siendo solicitado por la defensa y consentido por la Fiscalía, pero además adoptó medidas extras, como es el uso de las tobilleras electrónicas y reforzó la seguridad de los vecinos con una guardia policial en la vivienda. También, atendió y explicó la situación a los vecinos que manifestaron su preocupación por la situación, dándoles las razones de su decisión. Entiendo que actuó correctamente en todo momento, y aun así recibió un inusual embate”.
Finalmente, la presidenta de la Asociación recordó que la prisión domiciliaria “es un instituto previsto en el código procesal penal provincial y un recurso habitual de la unanimidad de defensores públicos y privados que ejercen el derecho penal en nuestra provincia mientras se sustancian las correspondientes investigaciones y se hace el juicio, que, en este caso, será a principios de noviembre”.
“Las decisiones judiciales, como todo acto de la república, son susceptibles de crítica y de revisión, incluso existen carriles reglados y específicos para eso último; pero distinto es el condicionamiento de la función judicial a través de manifestaciones reñidas con las pautas de convivencia democrática. Por el contrario, queremos jueces y juezas que puedan tomar sus decisiones con seguridad, independencia y firmeza, respetando el estado de derecho, que es lo que ha hecho la Dra. Barbagelata”, subrayó López Arango.