La lectura del Acta N°1 del Libro de Actas detalla: “En la ciudad de Villaguay, provincia de Entre Ríos, al primero de abril de mil novecientos setenta y nueve, siendo las diecisiete y horas se reúnen en el Salón de la Biblioteca Mitre los siguientes magistrados y funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos:….”. va individualizando a los asistentes con sus datos personales y refiere que preside la Asamblea el Dr. Jorge Ernesto Goncevatt, actuando como Secretario el Dr. Enrique Máximo Pita, En lo que sigue del acta, el Presidente “… manifiesta a los presentes que el objeto de esta reunión es dejar definitivamente constituida la “Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Provincia de Entre Ríos” y proveer lo necesario para aprobar el texto de sus estatutos sociales y obtener la personería jurídica…”, expresando “… la Asociación viene actuando públicamente en tal carácter y se hace necesario a los fines de la mejor realización de los fines propuestos desde el inicio encuadrarla dentro de las normas legales…”.- A continuación se aprobaron los Estatutos cuyo texto había circularizado en las jurisdicciones y se procedió a la elección de sus autoridades.

En esta reseña de nuestra historia asociativa solo mencionaremos a los integrantes de la primera Comisión Directiva por ser la fundacional. Por razones de espacio omitiremos a todas las que siguieron que pueden verse en la sección institucional de esta página.- La conformación fue: Pte.: Dr. Oscar M. Rovira, Vice Pte.: Dr. Marcelo A. Costa; Secretario: Dr. José H. Donati; Tesorero Dr. Jorge O. Rodriguez; Vocales Titulares: 1)Dr. Enrique Máximo Pita; 2) Dr. Carlos Chiara Diaz; 3) Dr. Benito A. Siboldi; 4) Dr. Juan. M. Corrado; 5) Carlos A. Pabón Ezpeleta; 6) Dr. José M. Reviriego. Vocales suplentes: 1) Dr. Jorge L. Gambino; 2) Dr. Jesús E. Solari; 3) Dr. Gustavo P. Meda, 4) Dr. Enrique Cafferatta; Revisor de Cuentas Titular Dr. Roberto Beherán; Revisora de Cuentas Suplente Dra. María Cristina Basaldúa. En una mirada rápida, anecdótica, reflejo de aquellos tiempos, un solo cargo fue asignado a una mujer. Dicho esto, en posteriores comisiones y hasta la actualidad las magistradas y funcionarias fueron ocupando distintos cargos de dirección incluida la presidencia y vicepresidencia. También se han ido alternado las integraciones de las Comisiones Directivas con representantes de una y otra orilla de la provincia. Mediante reforma estatutaria del mes de junio de 2019, se otorgó derecho a voto a los asociados jubilados y se incorporó a la Comisión Directiva un representante de ese sector con una vocalía titular y una suplente.

La Asociación inició sus actividades inorgánicamente en épocas difíciles para el país, cuando cualquier reunión por pequeña que fuese era sospechada para quienes gobernaban por fuera del derecho. Quienes participaban lo hacían periódicamente en distintos lugares de ciudades del interior de la provincia o Paraná. A veces era en algunos Despachos de Juzgados o Tribunales; la Biblioteca Popular y el Círculo Médico de Villaguay fueron desde los inicios un lugar de encuentro habitual por su equidistancia.

Durante la década de los ochenta y los noventa la Asociación hizo un trabajo intenso y si se quiere artesanal para ir logrando avances en la carrera judicial, en las remuneraciones y en la capacitación con un trabajo permanente de sus distintas autoridades y con la colaboración y participación de muchos asociados de toda la provincia aún cuando no estuviesen en cargos directivos. Hoy son todas actividades consolidadas en beneficio no solo de los asociados sino del Poder Judicial y, consecuentemente de la sociedad toda.

En el año 1985 mediante una reforma estatutaria de actualización a las nuevas circunstancias que vivía la administración de justicia por unanimidad de los presentes en Mayo de ese Año en Asamblea General Extraordinaria se modificó la denominación de nuestra entidad denominándola “Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos” a la que hoy se llama “Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Entre Ríos”.

La Asociación fue protagonista en el logro de tener una ley de remuneraciones propia luego de varios años de activismo tenaz de la entidad, incluidas acciones judiciales en defensa de la intangibilidad salarial, con jueces y tribunales ad hoc. De esa forma se superó el periódico planteo de negociaciones -llamado con un poco de humor “paritarias”- con el cruce de los directivos de la Asociación a los despachos de las autoridades del gobierno para solicitar aumentos además de los reclamos que se hacían ante las autoridades del Superior Tribunal de Justicia. También se reconoció el adicional por antigüedad en todos los cargos letrados, considerándose como actos computables de servicios aquéllos prestados dentro o fuera del poder judicial, desde la fecha de matriculación en el Colegio de Abogados. Posteriormente de lograrse la ley de remuneraciones del Poder Judicial de ”Adecuación remunerativa por intangibilidad” desde Diciembre de 1991, se logró el enganche al sueldo de los vocales del STJ y en una mesa de Consenso con AJER, STJER y Gobierno, la equiparación de las remuneraciones de la CSJN vigente a la fecha.

Cada Comisión Directiva tuvo su impronta conforme iban desarrollándose acontecimientos diversos con épocas de economía desequilibrada y remuneraciones magras. La mecánica de designación de jueces y funcionarios fue un proceso que demandó tiempo pues el mecanismo constitucional anterior solo imponía requisitos formales de título, edad, domicilio, idoneidad en abstracto y remisión del pliego de quién decidiese el Gobernador y acuerdo del Senado. Todo ello impregnaba la designación de jueces o el nombramiento de los integrantes del ministerio público por decreto, de un tinte político indeseable, según fuera el gobierno de turno.

A fin de terminar con ese tipo de designaciones la Asociación trabajó en jornadas, cursos y encuentros para la difusión y conocimiento en la provincia de mecanismos adecuados de selección de jueces y funcionarios, planteó en congresos provinciales de derecho ponencias para una reforma constitucional que incluyese un consejo de la magistratura y aún la posibilidad de creación de un organismo de asesoramiento al gobernador bajo el régimen de la constitución vigente a esa época.- Los directivos estudiaron y plantearon esa necesidad conjuntamente con el Colegio de Abogados de Entre Ríos, otros Colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil dentro del marco de la campaña electoral del año 2003 y finalmente el gobernador electo Dr. Busti dictó el 13 de Diciembre de 2003 el Decreto N° 49/03 de creación del Consejo de la Magistratura. Y autolimitándose en sus facultades constitucionales aceptó enviar los pliegos al senado de las ternas que le remitiese el Consejo, que tuvo una integración pluralista en la que se incluyeron dos representantes de la Asociación de Magistrados. Los numerosos cargos vacantes en las instancias de grado fueron ocupados bajo ese mecanismo por concursos de oposición y antecedentes.

La Asociación inició en forma simétrica al proyecto del Consejo de la Magistratura un proyecto de capacitación judicial para jueces y funcionarios, estudiando distintos sistemas institucionales de otros países a través de las denominadas Escuelas Judiciales, con visitas a algunas de ellas. Se armonizó tal actividad conjuntamente con la creación del “Instituto de Capacitación Judicial Juan Bautista Alberdi” dependiente del Superior Tribunal de Justicia, coincidiendo distintos integrantes de la Asociación en la integración del Consejo Directivo del Instituto. Ello significó un esfuerzo de tiempo y dinero pues por aquellas épocas de la década de 1990 el Instituto Alberdi no tenía presupuesto propio ni un lugar físico permanente para desarrollar la capacitación de magistrados, funcionarios y también empleados del Poder Judicial. La Asociación ofreció las instalaciones de su sede social en Paraná, -que había sido adquirida en 1985- también AJER lo hizo para la capacitación de empleados y el STJER ofreció lo que se llamaba el Salón de la Palta. La Asociación contribuyó económicamente en esas capacitaciones y los miembros capacitadores organizaron con representantes o delegados del Instituto del interior de la provincia cursos en las distintas jurisdicciones en locales de clubes o de otras instituciones.

En orden a tiempos difíciles para la atención de la salud a través de la obra social provincial (IOSPER) cuyos servicios eran deficientes y los costos de la atención médica debían solventarse en forma particular, la Asociación estudió posibilidades de ayuda a sus asociados en ese ámbito tan sensible sin que ello significase actuar como obra social o prepaga. Así surgió el Fondo de Emergencia, con carácter voluntario para el asociado, quién mediante un aporte extra podía solicitar para prestaciones de salud su atención mediante subsidios no reintegrables de distintas cuestiones que Iosper no atendía. Se decidió que dicho Fondo funcionase en forma independiente de la Comisión Directiva y se designaron tres miembros de la Ciudad de Concepción del Uruguay. Ello en atención a que todo el esquema de organización del Fondo se hizo con el asesoramiento del médico auditor Jefe de la Obra Social de la Universidad de Entre Ríos y de su Fondo de Emergencia, médico residente en esa ciudad, decidiéndose que también fuese el auditor del Fondo de la Asociación. Los directivos de nuestro Fondo de Emergencia fueron los mismos durante muchísimos años, tanto en actividad como jubilados y fueron recién reemplazados a su pedido hace pocos años.

El mejoramiento de los haberes del Poder Judicial permitió a la asociación incrementar sus fondos sociales y ello significó trasladarlo en mayores beneficios para los asociados tanto en pago de matrículas de Congresos, jornadas y posgrados como en préstamos reintegrables en cuotas sin interés para acceder a libros, computadoras o adherirse a convenios de colecciones on line, para lo cual se celebraron convenios con editoriales con descuentos importantes. Fueron logros que demandaron tiempo y esfuerzo desde las épocas iniciales en las que los directivos viajaban personalmente a las editoriales con listas previas de libros encargadas por los asociados de la provincia, las adquirían y la asociación se hacía cargo de los costos totales. Cuando llegaban los libros se enviaban a cada asociado y se descontaba la compra en cuotas mensuales de los haberes.

Aquellas fueron las épocas en las que la Asociación decidió comprar un auto para viajar algunos miembros y economizar los gastos de traslado. Era un auto grande y económico (un Ford Falcon) con el que se viajaba a reuniones en el interior de la provincia o a encuentros con la FAM. Luego de varios años de uso y con un mantenimiento que se tornaba costoso se vendió.

La correcta administración de cada gestión permitió que los asociados accediesen también a créditos de montos diversos y reintegros en hotelería con causa en salud o sin causa. El devenir del tiempo permitió adquirir una casa propia en Paraná, que es la sede de la asociación, luego inmuebles en otras jurisdicciones y la contratación de personal en cada sede, dada la intensidad del trabajo administrativo y el mayor crecimiento de la actividad asociativa.

La Asociación ha sido sede en diversos encuentros de las Jornadas Nacionales Científicas de la Magistratura y, desde hace muchos años, organiza las Jornadas por fuero, lo que permite un espacio amplio para que las distintas jurisdicciones participen, opinen y planteen sus problemas en un intercambio enriquecedor, haciéndose cargo de los gastos de traslado y alojamiento de los asociados.

El fortalecimiento asociativo debe mantenerse. Este espacio es solo una reseña de los puntos más salientes de las distintas gestiones anteriores con encuentros y desencuentros de distinta magnitud. Pero el trabajo de las distintas comisiones directivas debe ser conocido y valorado por las generaciones más jóvenes pues solo ellas podrán seguir escribiendo nuestra historia.