Desde la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) se hizo llegar el último documento aprobado por la Junta de Gobierno el 29 de marzo pasado en Mendoza, que reza lo siguiente:
Sistemas Judiciales, confianza social e independencia judicial
Los sistemas judiciales de la República Argentina se encuentran bajo la mirada crítica de distintos sectores de la sociedad. La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial expresa:
La necesidad de destacar que el servicio de justicia es principalmente desarrollado por los poderes judiciales de las provincias y CABA. Los medios de comunicación llamados nacionales se refieren a la justicia federal como la justicia y es casi el único fuero que consideran para efectuar sus análisis y apreciaciones acerca del estado del sistema de justicia en nuestro país. Es la actividad diaria de los servicios de justicia provinciales la que sostiene principalmente la convivencia social democrática. La FAM sostiene un esfuerzo sistemático por corregir esa mirada, metropolitana y sesgada, que desconoce que el 90% de las causas iniciadas en el país son resueltas por las justicias provinciales, y que eso queda opacado por el 10% del orden federal.
La independencia judicial, concebida como garantía de la ciudadanía y del sistema democrático, es un valor que corresponde resguardar prioritariamente con acciones institucionales desde los tres poderes del Estado a fin de preservar la no interferencia en los procesos judiciales, de los otros poderes, de sectores políticos o demás agentes económicos y sociales.
Tales resguardos institucionales se tornan imperiosos en causas que tienen como contenido la dilucidación de responsabilidades penales por hechos de inseguridad como así también en causas de corrupción o de contenido institucional, que generan alta sensibilidad social. Es necesario profundizar la división de poderes y evitar la injerencia del poder político sobre el poder judicial. Desde FAM se insiste en que la autarquía presupuestaria y la autonomía financiera son condiciones ineludibles para garantizar la independencia judicial.
Corresponde profundizar la institucionalidad en los sistemas de selección de jueces y funcionarios otorgando prevalencia a la especialidad, experiencia en la función, capacitación y formación, eliminando los factores de incidencia política partidaria.
Resulta prioritario trabajar y profundizar de modo sostenido en la construcción de un diálogo público de calidad respecto del sistema de justicia y para ello se trabajará con los demás agentes estatales en la construcción de canales más amplios de comunicación con la sociedad, y en particular con el periodismo, por el que circulen mensajes claros y precisos respecto de lo que es legítimo esperar como resultados de la actividad judicial.