Desde la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos acompañamos el documento por el cual los y las integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ), de la Defensoría General, de la Procuraduría y de la Asociación Judicial de Entre Ríos, rechazamos “en defensa de los derechos consagrados”, el decreto del Poder Ejecutivo que establece una suma fija a un grupo de trabajadores judiciales y, por lo tanto, pedimos al Ejecutivo que se abstenga de efectivizar su aplicación.
Consideramos que la medida provincial “rompe con el equilibrio legal existente entre los distintos escalafones remunerativos del Poder Judicial” y, por lo tanto, “expresamos nuestro absoluto consenso en manifestar la vehemente defensa de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial de la provincia consagrados en la Constituciones Nacional y Provincial, leyes nacionales y en las leyes provinciales N° 8.069 y N° 10.068”.
Quienes integramos el Poder Judicial estamos en pleno “conocimiento de la difícil situación económico-financiera que afecta a la provincia de Entre Ríos, pero estamos convencidos que la misma no es por responsabilidad del Poder Judicial, donde la administración de los recursos públicos y el manejo de las partidas asignados en la Ley de Presupuesto es totalmente transparente y eficiente. Además, de la masa salarial mensual de toda la administración pública entrerriana, el Poder Judicial representa tan solo un guarismo menor al 8% del gasto público destinado a ella, lo cual mal puede resultar representativo de semejante desequilibrio en las finanzas públicas, cuya administración es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo”.
El documento lleva la firma de: Martín Carbonell, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos; Germán Carlomagno, vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos; los vocales Daniel Carubia, Bernardo Salduna, Susana Medina, Emilio Castrillón, Claudia Mizawak, Juan Ramón Smaldone y Miguel Giorgio; el Procurador General, Jorge García; el Defensor General, Maximiliano Benítez; la presidenta de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Gabriela López Arango y de la Secretaria Adjunta de la Asociación Judicial de Entre Ríos, Mabel Pedrero.
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Comunicado 23-10-2020