Finalizadas las Jornadas del Fuero de Familia 2020, que organizó la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Entre Ríos, se dieron a conocer las conclusiones, entre las que se destaca la necesidad de intensificar las gestiones tendientes a lograr las modificaciones normativas y presupuestarias necesarias para la creación de Cámaras de Apelaciones Especializadas en materia de Familia, Niñez y Adolescencia en Entre Ríos.
Del 3 al 6 de noviembre, a través de la plataforma virtual Zoom, se desarrollaron las Jornadas del Fuero de Familia 2020, con la participación de más de 180 asociados y asociadas, empleados y empleadas del Poder Judicial, y profesionales de ETIS, que se sumaron a las numerosas exposiciones propuestas, entre ellas la del Dr. Ricardo Pérez Manrique, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien disertó sobre “La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de niños, niñas y adolescentes” y la de la Dra. María Victoria Famá que se refirió a “Covid, nuevas tecnologías, derecho de las familias y justicia”.
Al finalizar las jornadas, se redactaron las conclusiones en las que se destacó –como señaló Pérez Manrique—que las mismas “apunta a que la familia necesita una protección especial (art. 17 CADH) y de que la serie de vulnerabilidades que se dan en el seno de la familia (la interseccionalidad) requiere de una protección especial, de tal modo debemos pensar en una justicia que en todos sus estamentos sea especializada, en la primera instancia y en la segunda instancia”.
“Ante la crisis económica y las notorias dificultades financieras actuales, en atención a que existen Vocalías de las Salas en lo Civil y Comercial de las Cámaras de Apelaciones que aún no fueron concursadas, solicitamos que se evalúe tempestivamente, o sea antes de que se inicien los trámites pertinentes relacionados con los referidos concursos, la posibilidad de cubrir todos o una parte de dichos cargos en forma definitiva con magistratura especializada en familia, y que se haga luego de un estudio estadístico que se realice no sólo con criterios cuantitativos, sino también cualitativos. Esa medida no requeriría nuevas partidas presupuestarias”.
También se concluyó que en materia de notificaciones es oportuno “el uso de los medios alternativos de comunicaciones, conforme el principio de flexibilidad procesal, usando la tecnología en provecho de un mejor acceso a la justicia, de la economía en el uso de los recursos y en definitiva aprovechando en favor del justiciable los avances de la ciencia”. Y además se hizo referencia a las ventajas y desventajas del expediente digital.
La tercera conclusión refiere a la necesidad de protocolizar ciertos aspectos de las audiencias a celebrarse en los procesos de familia por vías remotas. “La celebración de audiencias en los procesos de familia por vías remotas constituye un nuevo paso en el camino de la implementación de la oralidad que favorece el acceso a justicia, garantizando el contacto del justiciable, los testigos, peritos, u otros organismos auxiliares con quien ejerce la Magistratura, garantizando la inmediación y teniendo en cuenta la desformalización y flexibilidad que las caracteriza. En nuestra Provincia se ha adoptado la aplicación Jitsi Meet para la participación virtual de las partes que cuenta con la ventaja de ser una aplicación gratuita, que no requiere equipamiento adicional ni pago de servicio como otras plataformas. Se trata de un sistema abierto que no necesita registración y al que cualquier desarrollador puede acceder desde cualquier dispositivo”, se indicó y luego se señalaron algunas sugerencias.
Como cuarta conclusión, se subrayó “la importancia de la interdisciplina para la resolución de los conflictos familiares y la consecuente necesidad de priorizar la labor de los equipos técnicos interdisciplinarios a los asuntos de familia. Sugiriendo, en sintonía con ello, la elaboración por parte de los Ministerios Públicos de alternativas propias para el apoyo técnico de sus casos. Asimismo, la oportunidad y conveniencia, en igual sentido, de aplicar las reglas establecidas en el Reglamento de gestión de prueba juzgados civiles (2019) en relación a la gestión de la prueba pericial para lograr que estas sean abordadas efectivamente por los peritos de lista”. También se sugiere la necesaria modificación del sistema Rejucav para la carga de datos, los cuales se insta a que se unifiquen en un solo sistema (vrg.: Lex – Sirirí), entendiendo que la doble carga de datos (registro y expediente) no genera economía de tiempos; evitando su traslado a la temporalidad de los procesos, entre otras cuestiones.
La quinta conclusión apunta a generar un espacio para abordar el rol del secretario de Familia a los actuales postulados de un juzgado de Familia, entre ellos, ampliando sus funciones cotidianas, mientras que la sexta conclusión indica: “resaltar la importancia en los abordajes interinstitucionales y elaboración de un plan de acción conjunto entre las distintas instituciones a fin de no vulnerar y revictimizar los derechos de los niños y adolescentes”.
La séptima conclusión indica: “Iniciar un proceso de evaluación y posibilidad de creación de otros Juzgados de Familia en aquellas jurisdicciones que así lo requieran teniéndose en cuenta la población, abordaje, estadísticas, problemática, complejidad. Como asimismo evaluar en aquellas jurisdicciones con multifueros la posibilidad de creación de juzgados especializados. Enlazando ello con la necesidad de las oficinas de gestión judicial de audiencias. Generar en tal sentido una comisión para el estudio y análisis para la concreción de los mismos, cuando así estén dadas las cuestiones presupuestarias”.
Finalmente, la octava conclusión fija la “formación de Ateneo de casos entre la Magistratura, de manera virtual. Y la creación de una Comisión de seguimiento de las conclusiones de las jornadas, a fin de poder arribar satisfactoriamente a las propuestas que aquí se plantean. Comisión que se informará oportunamente y estará integrado por quienes ejercen la magistratura. Solicitando la necesaria participación de representantes de la Asociación de la Magistratura, la Asociación Judicial de Entre Ríos y del Colegio de la Abogacía de la provincia”.