La presidenta de la Asociación de la Magistratura y Función Judicial de Entre Ríos (AMFJER), Dra. Gabriela Lopez Arango, participó de la Asamblea Extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM). El encuentro tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires, los días 11 y 12 de febrero de 2021, en donde elaboraron y emitieron un documento, bajo el título “Afianzar las Justicias”, en el cual se destacan los temas de independencia judicial, garantías de la independencia judicial y femicidios y violencia hacia las mujeres.
Allí, se resalta el trabajo ininterrumpido por más de 50 años de FAM y las asociaciones que la componen, en pos de “la defensa de la independencia judicial y el mejoramiento de la justicia”. Al respecto, la Junta de Gobierno de FAM sostiene que “la solidez y calidad de la función judicial depende de modo directo de la garantía de la independencia judicial en todo el país”. Y en ese sentido, llamó a fortalecer “la independencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como garante último del Estado de Derecho”, aclara.
También, se evaluaron “los discursos públicos respecto de decisiones jurisdiccionales y las actuaciones judiciales”, en los cuales “cabe separar los disensos de las descalificaciones y avasallamientos”. Enfatiza y explica que los disensos “forman parte de la crítica indispensable para el mejoramiento de la actividad de los Poderes del Estado en una sociedad democrática, incluso cuando provengan de una autoridad pública”, pero es distinto “pretender descalificar a un integrante de la magistratura, amenazar con la promoción de jurys, promover la sanción mediática, etc. son acciones que generan en cambio deslegitimación y debilitamiento de los sistemas judiciales”.
A su vez, argumenta que la “inamovilidad y la intangibilidad son cimientos de la independencia judicial” y expone la situación de debilitamiento en las políticas y sistemas retributivos que atraviesan los y las magistradas, los funcionarios y funcionarias judiciales y empleados y empleadas del Poder Judicial, que sufrieron “todo tipo de reducciones, suspensiones y afectaciones a la intangibilidad”, a partir de las emergencia sanitaria Covid-19.
“las retribuciones de las y los magistrados y funcionarios sufren un proceso de erosión que afecta la garantía de intangibilidad, de rango constitucional. Las modificaciones al sistema previsional y de Ganancias se enmarcan en este proceso de deterioro de las remuneraciones”, sostienen.
También el comunicado asume la “gravedad y dimensión de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas en Argentina”, y brega por “priorizar radicalmente la inmediatez y accesibilidad de los canales para que las respuestas judiciales puedan contribuir a erradicarla”, a través de “una interrelación entre los diversos integrantes de todos los poderes del Estado, para permitir una respuesta integral al flagelo”, concluye.
Por último, los y las representantes de las distintas provincias que componen la entidad, que participaron de manera presencial y virtual, remarcaron que, en este año que comienza, la labor de la misma se orientará, “más que nunca”, a “la protección de los derechos y garantías de las ciudadanas y los ciudadanos; a resguardar de manera más efectiva la independencia judicial; a mejorar el desempeño y la calidad de respuesta de los sistemas de justicia y garantizar la vigencia plena de la Constitución Nacional y los Derechos Humanos”, así lo sostuvieron en el comunicado emitido por la Junta de Gobierno.
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