Desde la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos
creemos necesario manifestar nuestra preocupación por las modificaciones que
el proyecto presentado por el poder ejecutivo nacional, conocido como Ley
Ómnibus, plantea respecto de la Ley Micaela (27.499).
Las variaciones pretendidas dejan sin efecto la obligatoriedad de la capacitación
en Género para los y las integrantes de los tres poderes del Estado, en
contradicción con las obligaciones asumidas por el Estado argentino ante los
organismos internacionales de derechos humanos.
La Ley Micaela constituye una conquista en la progresiva construcción de
respuestas a los múltiples femicidios y violaciones a los derechos de las mujeres
y otros colectivos discriminados por razones de género. Las modificaciones
pretendidas implican un retroceso en el camino hacia una sociedad más justa y
equitativa para todas las personas.
Paraná, 04 de enero de 2024.