El Instituto de Derecho Penal del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos hizo saber su “profunda preocupación” por la “falta de aplicación reiterada por parte de jueces de Garantías, fiscales, jueces de apelaciones y la Salas de las Cámara de Casación Penal de Entre Ríos, de normas concretas que regulan diversos institutos del proceso penal”.
Dicen que no se aplican normas taxativamente previstas en el Código Procesal Penal de Entre Ríos o se las elude “con fundamentos subjetivos que solo en instancias superiores se han logrado revertir”, en clara referencia a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). En particular, reclaman la aplicación del “fallo Cozzi”, una jurisprudencia que puso límite al tiempo que tiene el Ministerio Público Fiscal para desarrollar una investigación antes de dictar el sobreseimiento o pedir la remisión de la causa a juicio.
El planteo de los letrados mereció la respuesta del presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, el juez Alejandro Cánepa, que juzgó “incomprensible” el reproche hacia la labor de jueces y fiscales.
“No quiero ser peyorativo pero lo califico de esa manera. Todos los planteos realizados de carácter general -`todos los jueces, todos los fiscales, todos los funcionarios`- no contribuyen para nada a un mejor servicio de justicia. Es como si uno reprochara la actuación de “todos los abogados del fuero penal”, y no se puede generalizar de esa manera”, observó.
En otro de los reproches, Cánepa encuentra una “sinrazón”, y explica por qué: “Los integrantes del Instituto de Derecho Penal se quejan de que hay tribunales que les niegan los recursos de apelación, pero a la vez admiten que en instancias superiores han encontrado respuestas favorables. A las instancias superiores se llega a través de los recursos que establece el proceso penal, por lo que se trata de una queja vacía».