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EL JURY NO PUEDE ERIGIRSE COMO INSTRUMENTO DE PRESION
 
En la tarde de ayer, representantes de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial recibimos al Dr. Alvaro Piérola, quien durante la audiencia celebrada en la causa “Diaz Patricia Teresa y Rossi Domingo Daniel s/enriquecimiento ilícito”, fue anoticiado de manera verbal e informal por parte del Dr. Carlos Guillermo Reggiardo, abogado defensor del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi y de la Senadora provincial, Patricia Teresa Diaz, de su denuncia ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento por la causal de mal desempeño en el ejercicio de su función como Fiscal Coordinador en esa misma causa y en la que se juzga un presunto peculado que tiene como imputados, entre otros, al intendente Daniel D. Rossi y a Roberto Carlos Mendez.
 
Como es de público conocimiento, dicha denuncia fue anunciada por el Dr. Reggiardo en la misma audiencia, en la que también recusó al Dr. Eduardo Ruhl, Juez de Garantías, por la causal de falta de imparcialidad y se suma, a la denuncia que días atrás fue realizada al Dr. Walter Carballo por Roberto Carlos Mendez, quien fuera secretario de gobierno de la Municipalidad de Santa Elena en la intendencia de Domingo Daniel Rossi, y actual coimputado, junto a este, en la causa “Rossi Daniel y Otros s/peculado”. Al igual que en el caso del Dr. Piérola, la denuncia formulada contra el Dr. Carballo lo es por mal desempeño en su función de juez de garantías de la ciudad de La Paz en el marco de su actuación como tal en dicho juicio.
 
Tal como lo comunicamos en su oportunidad, cuando la Senadora Patricia Diaz fue electa como Presidenta del H. Jurado de Enjuiciamiento, esta Asociación subrayó la necesidad de salvaguardar la garantía de la independencia judicial ante la evidente concomitancia entre su función constitucional de investigar y juzgar políticamente a integrantes de la magistratura y la función judicial y las investigaciones y juicios a los que están sujetos dicha Senadora y su cónyuge. Tal situación y la preocupación que la misma genera fue trasmitida por esta Asociación a la Sra. Vicegobernadora de la Provincia y a los Senadores provinciales, en audiencia llevada a cabo con los mismos.
 
De la misma preocupación también se hizo eco la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), en nota remitida al Sr. Gobernador y demás funcionarios de los tres poderes del Estado entrerriano, por su Presidenta, la Dra. Marcela Ruiz.
 
En tal contexto, las denuncias formuladas a los Dres. Walter Carballo y Alvaro Piérola, así como la recusación del Dr. Eduardo Ruhl, realizadas luego de la designación de la Senadora Diaz como Presidenta del HJE y motivadas en su intervención como magistrados y funcionarios en las causas que tienen a la misma y al intendente Rossi como investigados, expresan en hechos concretos  la preocupación expuesta, lo que entendemos resulta de  gravedad para la independencia del Poder Judicial, como valor republicano.  
 
La instancia constitucional del jury de enjuiciamiento está prevista para afianzar la independencia y la buena marcha de la justicia, pero de ningún modo puede erigirse en un instrumento de presión o condicionamiento del Poder Judicial, de los Ministerios Públicos, o de cualquiera de sus integrantes. 
 
La misma preocupación generan las recusaciones formuladas recientemente a la Dra. Gisela Nerea Schumacher y al Dr. Miguel Ángel Giorgio, como miembros del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, así como las advertencias de juicio político o de denuncias penales en su contra, o en contra de los miembros de la Magistratura y de los Ministerios Públicos que intervinieron en la investigación y juicio contra el ex Gobernador Sergio Urribarri, pues al igual que en el caso del Dr. Eduardo Ruhl, no tienen otro objetivo más que socavar la confianza en la Justicia. 
 
La custodia de la independencia judicial compromete a todos los Poderes del Estado, por lo que desde la Asociación se solicitarán audiencias con el Gobernador de la Provincia, sus ministros y funcionarios/as, autoridades del Poder Legislativo, del Superior Tribunal de Justicia y del Colegio de la Abogacía, a los fines de reiterar sobre las consecuencias que situaciones como las aquí planteadas producen al sistema judicial y a la ciudadanía como destinataria del mismo.
(La Dra. Laura Soage se ha excusado de intervenir en esta cuestión, acta CD n°984) 
 
Consejo Directivo AMFJER.
4 abril de 2024.