A través de una declaración pública, integrantes del Fuero de Familia, reunidos el viernes pasado en Victoria, repudiaron “los embates de la autodenominada comunidad terapéutica Programa Ibicuy” para con los procesos de control de legalidad de las personas alojadas por motivos de salud mental.
Con la firma de casi un centenar de asociados y asociadas a la entidad que nuclea a la Magistratura y a la Función Judicial del Poder Judicial de Entre Ríos, se hizo saber: 1) “La internación involuntaria por razones de salud mental implica una privación de libertad que coloca a las personas en una especial situación de vulnerabilidad, lo cual obliga a un estricto control estatal, a través de la autoridad judicial y los organismos creados a tal efecto”.
2) “La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, basadas en las nociones de ampliación de derechos, en especial, libertad, igualdad, inclusión social y dignidad humana, reconoce como sujeto de derechos a las personas usuarias del servicio de salud mental, y garantiza que la atención en salud mental debe realizarse con respecto a los DDHH”.
3) “Los derechos sociales forman parte de los derechos humanos fundamentales de las personas, y por lo tanto, son exigibles al Estado en su calidad de garante. La concreción de estos derechos constituye una instancia fundamental para la preservación y mejoramiento de la salud mental”.
4) “Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen e derecho a recibir una atención en salud basada en fundamentos científicos ajustados a principios éticos”.
5) “El control judicial de las internaciones como garantía del respeto de los derechos a los que son titulares todas las personas, aun en situación de encierro o confinamiento con o sin su voluntad, constituye una inalienable obligación frente a encierros injustos y dañosos, que ocultan castigos subyacentes so pretexto de un supuesto tratamiento”.
6) “La actuación de la magistratura y el funcionariado en este control responde estrictamente a la obligación impuesta por las leyes y convenciones internacionales de garantizar la dignidad de las personas”.
La declaración, fue elaborada y firmada, en el marco de la Jornada de Fuero de Familia, que se desarrolló el viernes 1 de noviembre, en la ciudad de Victoria.
