En relación con las manifestaciones públicas que se vienen dando en Rosario del Tala tendientes a cuestionar la actuación de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos por la que finalmente fueran condenados siete integrantes de la Jefatura Departamental de Policía de esa ciudad, por los delitos de torturas en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad y vejámenes, la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos recuerda y ratifica una vez más su postura sobre la existencia de carriles institucionales para impugnar las decisiones tomadas por los tribunales provinciales y por esa vía canalizar los reclamos que se entiendan pertinentes conforme las reglas que rigen al Estado Constitucional de Derecho.
La entidad que nuclea a jueces y funcionarios judiciales, señala que durante el proceso penal se pudo someter a debate toda la actividad desarrollada por la entonces fiscal, Dra. Silvina Cabrera, sin que verifiquen afectaciones a las garantías de debido proceso y defensa en juicio en tanto que las condenas impuestas fueron confirmadas por las instancias superiores, esto es la Cámara de Casación Penal y la Sala Primera de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia.
En ese sentido, la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos, respalda particularmente la actuación de quien fuera la fiscal del caso, la Dra. Silvina Cabrera, quien ha sido blanco de las críticas por su labor. De hecho, desde la entidad señalaron que su trabajo fue sometido a debate y control en tres instancias diferentes, tal como lo prevé la ley vigente, sin que se advirtiera en cada una de las resoluciones dictadas, cuestionamiento alguno a la mencionada.