Una encuesta realizada por el Indec indica que más de un 60 por ciento de los entrerrianos consultados se mostró satisfecho o muy satisfecho con las respuestas que le dieron organismos provinciales a sus denuncias por un delito contra el hogar o las personas, y en ese sentido el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos, Rubén Chaia, opinó que ello es producto del arduo trabajo que se está haciendo y de las capacitaciones realizadas. “Siempre buscamos alternativas para mejorar el servicio de justicia”, enfatizó.
“Nos reunimos en comisión directiva y conversamos sobre esta encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) junto al Ministerio de Justicia, y bajo protocolos que se utilizan a nivel internacional, relevando 47.000 casos”, dijo el magistrado en declaraciones al programa radial A quién corresponda, y agregó que “la respuesta fue altamente satisfactoria. Nos queda una buena impresión de lo que se está haciendo porque los que estamos todos los días trabajando en cada rincón de la provincia, los empleados, funcionarios, magistrados, incluso las fuerzas de seguridad que son nuestros colaboradores, tratamos de poner lo mejor de nosotros y nos capacitamos para humanizar los conflictos y llevar una respuesta racional y en término”.
“Esta encuesta refleja ese trabajo y lo que nos queda es trabajar para que el 30 por ciento restante también se sienta satisfecho”, continuó diciendo Chaia y agregó que “nunca es bueno sentirse satisfecho porque ahí nos empezamos a hundir. Siempre hay que renovar, pensar nuevas alternativas. Hay nuevas tecnologías, nuevas formas de delinquir, nuevas formas de comunicación y ellas generan un impacto enorme en el proceso penal. Hoy tenemos infinidad de delitos que se cometen a través de las redes sociales porque mucha gente vive dentro de ellas, pasa más horas allí que en el mundo real y se comenten delitos de todo tipo”.
Párrafo seguido manifestó: “Tenemos que apuntar a la cyber delincuencia, al trabajo de cyber criminalidad y a todo lo que hace a los abusos y al cibergrooming, a los contactos deshonestos con menores a través de redes sociales. El año pasado trabajamos mucho en capacitarnos sobre esos temas y en rasgos generales la parte de investigación y de desarrollo es la que falta en todo el país pero nosotros tenemos que apuntar hacia eso”.
Luego mencionó que “se está trabajando con el Superior Tribunal de Justicia mancomunadamente para detectar cuáles son las falencias y cómo se pueden solucionar los problemas. Estamos trabajando en un proyecto nuevo de ley de ejecución penal, como así también analizando esta iniciativa del Poder Ejecutivo del juicio por el jurado. Hay un panorama de trabajo que es inagotable y por suerte somos de los que consideramos que no podemos cambiar las cosas haciendo lo mismo, sino que siempre buscamos alternativas para mejorar el servicio de justicia”.
En otro orden, dijo el titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial que “si bien un homicidio es mucho para quien lo sufre, Argentina es el cuarto país de América que tiene la tasa más baja ese delito y específicamente Entre Ríos tiene una tasa de la media para abajo. En la mayoría de las ciudades entrerrianas la tasa de homicidios es de uno o dos habitantes cada 100.000 por año, es decir que tenemos menos tasa de homicidio que cualquier país europeo”.
“Hay mucho por hacer pero vemos buenos resultados porque formamos parte de la Federación Argentina de la Magistratura y nos consultan sobre cómo estamos manejando determinados temas que son ejemplo a nivel nacional, entre ellos mediación, conciliación, salidas alternativas a las penas y lo que es muy importante la celeridad de los procesos”. Sobre esto último, agregó que en la provincia “se juzgan los delitos ordinarios dentro de un año o un año y medio. Tenemos cuestiones importantes que marcan una diferencia con el resto del contexto nacional y que nos ubican en algunos aspectos en una buena posición. En otras, hay que trabajar”.
Con respecto a la concreción de las denuncias, Chaia sostuvo que “hay una clara preferencia por parte del ciudadano a tener un standar de acceso a la justicia mejor y superior al que se tenía. Me parece bueno y una de las cosas que se podría implementar es una oficina específica de orientación a la víctima y de acompañamiento por parte del Poder Judicial”.
En otro tramo de sus declaraciones, negó que los presos entraran por una puerta y salieran por otra. “Cuando se iba a implementar el Código Procesal Penal en la provincia había 670 presos en las nueve unidades penales y hoy hay más de 2.000, y la mayoría de ellos -al contrario de lo que sucede en Buenos Aires y el resto del país- tienen una condena. La gente que está privada de la libertad casi en un 80 por ciento ya tiene su sentencia”, mencionó.
“Hay algo para observar que desde la sociología criminal se ha descripto y es que cuando uno padece un delito no quiere garantías para el delincuente, mientras que cuando uno es perseguido por la justicia quiere todas las garantías. Entonces la misma gente que pide que no salga nadie, cuando le toca a él o a un familiar por algún problema reclama el standar mayor de garantía. Nosotros tenemos que aplicar la ley sea quien sea y ese standar nos impone que hay dos cuestiones que impiden la libertad durante el proceso y que son el peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación. Si se da alguno de esos dos parámetros se dicta la prisión preventiva por un plazo y se controla”,
A la hora de ejercer la justicia, destacó que “el Estado se pone un límite que es la Constitución. Los jueces están para garantizar la plena vigencia de los derechos constitucionales de las personas y de las garantías. Y también debemos garantizar el acceso a la justicia de las víctimas”.
La encuesta
La encuesta realizada por el Indec da cuenta que “en Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Corrientes, Mendoza, Neuquén, San Luis, Santa Cruz y Entre Ríos, la mayoría de los encuestados declararon haber quedado satisfechos o muy satisfechos con la forma en que la autoridad competente manejó la denuncia”.
En lo que respecta a denuncias por delitos contra el hogar, Entre Ríos alcanzó un 64,3 por ciento de satisfacción de los denunciantes. En tanto, en el ítem delitos contra la persona, el porcentaje de satisfacción llegó al 68,9 por ciento.