En ese sentido, López Arango recordó que la Ley de Enganche Salarial Nº 10.068 fue suspendida entre julio de 2020 y junio de este año por aplicación de la Ley de Emergencia Solidaria. «Cuando el gobernador decide no hacer la prórroga de la Ley, nosotros recuperamos la Ley de Enganche. No es que nosotros tengamos los sueldos de la Corte Suprema; lo que tenemos son los aumentos salariales que establece la Corte Suprema. Nuestros porcentaje de aumento se hacen de acuerdo a esta norma, que en definitiva es una pauta exógena», explicó.
Además, señaló que desde la Asociación de la Magistratura entienden que al no haber tenido aumentos en 2020, la inflación hizo lo suyo, afectando el bolsillo de todos los integrantes del Poder Judicial. Resaltó que eso «ocasionó que entre los empleados y en la masa más joven, que no tiene el beneficio de la antigüedad, haya una fricción importante que se fue más o menos solucionando con los aumentos que fue dando el Estado para la Administración Central».
Enseguida, López Arango comentó que este panorama ha generado una discusión en la entidad sobre el manejo de los recursos del Poder Judicial. «En lo que concierne a los magistrados y funcionario, hemos acompañado y entendido la situación que dio lugar a la Emergencia en 2020. El gobernador nos había dicho que necesitaba arreglar las cuentas y entiendo que eso se ha logrado, por eso no se prorrogó la Emergencia. Sin embargo, se generó una diferencia salarial. Desde nuestro sector aún no hemos llegado a una conclusión, pero sí esta Emergencia y la vigencia de la Ley de Enganche nos ha llevado a discutir la idea de una autarquía del Poder Judicial».
«Realmente -agregó la titular de la Asociación de la Magistratura- hemos entendido que el Poder Judicial no tiene una silla en la discusión de acuerdos paritarios. El sueldo del empleado es un porcentaje del sueldo del vocal, no es que pueden hacer un acuerdo diferente al que le correspondería al vocal del Superior Tribunal. Eso nos ha llevado a intentar discutir, analizar y evaluar la posibilidad de autarquía del Poder Judicial, donde nos manejemos nuestros recursos administrativos, las obras, y los organismos nuevos que se puedan crear. Muchos recursos se han peleado y hay mucho para discutir. Hemos empezado a trabajar en esta línea, como tratar de buscarle una salida al Poder Judicial».
Nuevamente, al referirse a la discusión salarial de los judiciales, refirió que «ir a discutir salarios afecta a la independencia judicial» y que por ello el Poder Judicial «no tiene una silla en la paritaria. No somos UPCN o ATE, y no la debemos tener porque somos un poder del Estado. Por eso nosotros estamos en los primeros pasos, viendo el presupuesto presentado y distintas situaciones en otras provincias, donde hay independencia económica en el Poder Judicial, como en Neuquén, Chaco, Corriente y hay proyectos en Buenos Aires».
Fuente: EntreRíosAhora.